Subscribe to our YouTube channel
El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), expresó un rechazo categórico al informe preliminar emitido por la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones del Poder Judicial celebradas el pasado 1 de junio de 2025. Según la cancillería mexicana, la OEA se excedió en sus atribuciones al emitir juicios de valor que, desde la perspectiva del gobierno, violan los principios de no intervención y respeto a la autodeterminación de los pueblos.
Mediante una nota diplomática enviada por la Misión Permanente de México ante la OEA, la SRE manifestó su “firme rechazo a algunas recomendaciones” contenidas en el documento, asegurando que la Misión incurrió en acciones que contradicen el Artículo 3 (e) de la Carta de la OEA, el cual establece que “todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social”.
Un proceso legítimo bajo la ley mexicana
La SRE recordó que las elecciones judiciales del 1 de junio fueron organizadas bajo estricta observancia de la Constitución mexicana y de las leyes electorales vigentes. A pesar de que el informe de la OEA reconoce este hecho, también hace una crítica severa al modelo adoptado por México, al señalar que no garantiza plenamente que lleguen al cargo perfiles con independencia judicial ni con la suficiente solvencia técnica.
El gobierno federal consideró estas observaciones como una clara intromisión en asuntos internos y cuestionó que una misión de observación, cuya labor debe limitarse a registrar el desarrollo del proceso electoral, asuma una postura evaluativa sobre la conveniencia del modelo judicial mexicano.
Un debate más amplio: soberanía vs. estándares internacionales
Este desencuentro revela una tensión persistente entre los esfuerzos de organismos internacionales por promover estándares democráticos y los gobiernos que buscan preservar su soberanía. Mientras la OEA advierte que el modelo mexicano no es replicable en otras democracias debido a los desafíos que presenta para la legitimidad del poder judicial, México defiende su derecho soberano a diseñar y ejecutar sus reformas políticas conforme a sus propias condiciones sociales y jurídicas.
Para muchos observadores políticos, este cruce de declaraciones pone de relieve la creciente desconfianza entre organismos multilaterales y ciertos gobiernos latinoamericanos respecto a los límites de la cooperación internacional en materia de gobernanza democrática.
Reacciones y próximos pasos
La reacción del gobierno mexicano también ha tenido eco en el Congreso, donde legisladores de Morena respaldaron la postura de la cancillería, señalando que “la OEA debe respetar las decisiones soberanas del pueblo de México”. En tanto, partidos de oposición han solicitado mayor transparencia y apertura al diálogo internacional para garantizar un sistema judicial robusto e independiente.
La Misión de la OEA, por su parte, anunció que en los próximos días presentará un informe final más detallado, aunque aclaró que su labor se enmarca dentro de las normas de observación electoral previamente acordadas con el gobierno mexicano.
Ante este escenario, se anticipa que el tema genere nuevas discusiones tanto en el ámbito nacional como en foros regionales, especialmente en lo que respecta al papel de las misiones de observación electoral y su impacto en las reformas institucionales de los países miembros.