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La deuda pública en México no solo es una carga para los gobiernos actuales, sino también una herencia financiera que podría alcanzar a generaciones futuras. Así lo revela el Registro Público Único de financiamientos estatales, el cual detalla que entidades como Nuevo León, Quintana Roo y Baja California han contratado préstamos cuyos vencimientos se extienden hasta dentro de casi 40 años.
En particular, Nuevo León destaca por un crédito contratado en diciembre de 2014 que tiene como fecha de vencimiento octubre de 2063, por un monto de 2,424 millones de pesos. Por su parte, Quintana Roo posee un préstamo con vencimiento en enero de 2054, y Baja California uno para 2053. Aunque estas deudas parecen distantes, la realidad es que su impacto financiero comienza desde ahora y se prolongará durante décadas, comprometiendo el margen fiscal de futuras administraciones estatales.
La lógica detrás de endeudarse a largo plazo
Especialistas en finanzas públicas explican que esta estrategia tiene un propósito financiero: a mayor plazo, menores tasas de interés. Es decir, el costo del dinero es más bajo cuando se pacta su pago a lo largo de muchos años. Por ejemplo, el crédito de largo plazo de Nuevo León está pactado con una tasa de interés de apenas 0.09%. En contraste, un préstamo contratado por Michoacán en 2024, con vencimiento en 2027, tiene una tasa mucho mayor: 10.30%.
El problema no radica únicamente en las condiciones de contratación, sino en el compromiso que implican estos financiamientos para los futuros gobiernos, e incluso para generaciones que aún no han nacido. De hecho, se trata de un caso claro de lo que los expertos denominan «pago intergeneracional».
«Las obras se disfrutan hoy, pero la deuda la pagan mañana otros gobiernos y otros ciudadanos», explica Kristobal Meléndez, especialista en finanzas públicas estatales.
¿Por qué se considera riesgoso?
Aunque endeudarse a largo plazo puede aliviar las finanzas actuales, también puede restringir la capacidad de maniobra de los gobiernos futuros. Si bien los recursos se utilizan —en teoría— para obras de infraestructura y proyectos que detonan desarrollo, en la práctica no siempre hay claridad ni transparencia sobre su destino.
Además, las condiciones económicas pueden cambiar. Lo que hoy parece un buen trato financiero, en el futuro podría representar una camisa de fuerza para los presupuestos estatales, sobre todo si se combinan con aumentos en el gasto corriente o caídas en la recaudación.
¿Qué estados tienen los plazos más largos y más cortos?
De acuerdo con el Sistema de Alertas de la deuda estatal, Quintana Roo encabeza la lista con un vencimiento promedio de 24.8 años. Le siguen Sonora con 21.3 años y Tamaulipas con 20.1 años. Por el contrario, estados como Guerrero (1.9 años), Querétaro (2.4 años) y Sinaloa (5.2 años) mantienen deudas con vencimientos significativamente más cortos.
A pesar de estos largos plazos, el informe señala que todas las entidades —excepto Coahuila— se encuentran en «semáforo verde», es decir, con niveles de deuda considerados sostenibles. Sin embargo, el hecho de que no haya una alerta inmediata no implica que el problema no exista: el peso del endeudamiento se va acumulando.
Una deuda que no se ve… pero se siente
El endeudamiento público suele pasar desapercibido para la mayoría de los ciudadanos. No se refleja en el día a día como lo haría un nuevo impuesto o un aumento de tarifas. Sin embargo, sus efectos están presentes: menos recursos para inversión futura, posibles recortes a programas sociales y una mayor carga financiera para quienes habitarán el país en los próximos 30 o 40 años.
Los gobiernos estatales deben encontrar un equilibrio entre obtener financiamiento responsable para obras necesarias y no hipotecar el futuro de sus ciudadanos. Y, como ciudadanos, corresponde exigir transparencia, rendición de cuentas y uso eficiente de cada peso prestado.