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El objetivo del gobierno mexicano de reducir el déficit fiscal podría tener consecuencias no deseadas en uno de los aspectos más críticos para el desarrollo del país: la seguridad pública. Así lo advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), órgano del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que considera urgente mantener y fortalecer el presupuesto destinado a la seguridad.
Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante el primer semestre de 2025 el gasto dirigido a Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior cayó un 13.3 por ciento. Este recorte contrasta con el incremento del 31.1 por ciento observado en el mismo periodo de 2024, cuando el gobierno federal priorizó recursos para enfrentar la inseguridad y sentar las bases de un entorno más propicio para la inversión.
El CEESP advierte que si bien es necesario mantener disciplina fiscal, reducir drásticamente los recursos a la seguridad podría revertir los avances logrados en los últimos años. La seguridad no solo es una condición indispensable para la paz social, sino que también es un pilar esencial para atraer inversión, generar empleo y fomentar el crecimiento económico.
¿Retroceso en seguridad?
En los últimos meses, se han encendido las alarmas sobre el retroceso en percepción ciudadana respecto a la seguridad. La más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) reveló que el 63.2 por ciento de los adultos mayores de 18 años considera inseguro vivir en su ciudad, el nivel más alto desde diciembre de 2022.
Más preocupante aún es que el 57.9 por ciento de los encuestados cree que la situación de seguridad permanecerá igual o incluso empeorará en los próximos doce meses. Esta visión negativa se alimenta, en gran parte, del aumento de casos de victimización dentro de los hogares: 30.8 por ciento de las familias reportaron que al menos un miembro fue víctima de algún delito durante el primer semestre de 2025, cifra mayor al 25.9 por ciento del mismo periodo del año anterior.
Reformas judiciales en la mira
Otro aspecto que preocupa al sector privado es el impacto que podría tener la reciente reforma judicial aprobada por el Congreso. Para el CEESP, esta modificación legal puede limitar avances importantes en materia de seguridad si no se acompaña de un fortalecimiento en la procuración e impartición de justicia.
“Combatir la inseguridad no es tarea sencilla, pero es una necesidad inmediata. Requiere una estrategia sólida que contemple no solo presencia policial, sino también un sistema judicial eficiente y confiable”, subrayó el organismo.
Violencia persistente
México sigue enfrentando niveles alarmantes de violencia. De acuerdo con el ranking del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia, cinco de las ciudades más violentas del mundo se encuentran actualmente en territorio mexicano. Esta situación impacta directamente en el clima de negocios y en la calidad de vida de los ciudadanos.
Para el CEESP, la lucha contra el crimen no debe quedar relegada en la búsqueda de sanear las finanzas públicas. Por el contrario, es una inversión clave para asegurar la estabilidad institucional, la confianza de los inversionistas y el bienestar de la población.
En definitiva, el mensaje del sector privado es claro: sin seguridad, no hay desarrollo posible. Y si se debilita el presupuesto en esta área crítica, se corre el riesgo de retroceder en lo que se ha logrado y comprometer el futuro económico del país.