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La economía informal en México ha alcanzado cifras alarmantes durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Según los datos más recientes del Inegi, el número de unidades económicas informales creció considerablemente entre 2018 y 2023, pasando de representar el 62.6% a un preocupante 64.3% del total nacional. Esto significa que más de tres millones y medio de negocios operan fuera de la formalidad, sin contribuir al sistema de seguridad social ni cumplir con obligaciones fiscales básicas.
Este fenómeno refleja un retroceso en los esfuerzos por integrar a más empresas y trabajadores al sector formal, lo que tiene consecuencias directas sobre la recaudación fiscal, el acceso a servicios de salud y seguridad social, así como en la productividad del país. En concreto, el Inegi reporta que para 2023 existían 3 millones 515,926 unidades económicas informales activas, mientras que el porcentaje de unidades formales disminuyó de 37.4% a 35.7%.
La informalidad no solo implica falta de registro ante las autoridades fiscales. También se caracteriza por negocios pequeños, con menos de cinco empleados, que no pagan contribuciones patronales, carecen de sistemas contables formales y no utilizan servicios profesionales de asesoría, contabilidad o mercadotecnia. Además, no están vinculados a una empresa matriz ni a otras unidades económicas, lo que limita su capacidad de crecimiento y de acceso a financiamiento.
Uno de los datos más reveladores es el impacto que esta informalidad tiene en el empleo. Mientras que en 2018 el personal ocupado en este tipo de unidades representaba el 18.9% del total nacional, para 2023 esa cifra subió a 21.4%. Es decir, uno de cada cinco trabajadores en México labora en condiciones precarias, sin acceso a prestaciones ni seguridad laboral.
Las mujeres, en particular, muestran una participación más alta en la informalidad. En estas unidades económicas, el 54% del personal ocupado son mujeres, frente al 46% de hombres, lo que también sugiere una desigualdad de género en el acceso a empleos formales y bien remunerados. En cambio, en el sector formal la presencia femenina es menor, con apenas el 40.2%.
En términos de ingresos, la diferencia es abismal. Las unidades formales reportan remuneraciones anuales promedio de 178,000 pesos, mientras que en la informalidad esta cifra cae a 68,000 pesos, menos de la mitad. Esto perpetúa un círculo vicioso de pobreza laboral y baja productividad.
Las actividades más afectadas por la informalidad son las manufacturas (71.6%), el comercio (65.1%) y los servicios privados no financieros (63%). Solo un sector muestra menor incidencia: las actividades diversas, con un 25.3% de informalidad.
Por entidad federativa, los estados con mayor proporción de informalidad son Oaxaca (81.5%), Estado de México (79.8%) y Guerrero (78.6%). En el extremo opuesto, Quintana Roo, Chihuahua y Baja California Sur presentan las menores tasas, con menos del 40%.
Este incremento en la informalidad evidencia que las políticas laborales y económicas del actual gobierno no han logrado revertir una tendencia estructural que afecta la competitividad del país. Lejos de formalizar, muchas regulaciones y reformas han asfixiado a pequeñas empresas que encuentran en la informalidad la única vía para sobrevivir.
Es indispensable repensar el modelo económico mexicano, generar incentivos para la formalización, simplificar trámites, reducir cargas fiscales y promover la educación financiera. Solo así será posible revertir esta tendencia que compromete el desarrollo sostenible del país.