Subscribe to our YouTube channel
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes la apelación presentada por Uber y Lyft para evitar demandas por parte del estado de California en nombre de los conductores que firmaron acuerdos para mantener disputas legales fuera de los tribunales, en una batalla legal sobre su clasificación como contratistas independientes.
El tribunal desestimó las apelaciones de ambas empresas en respuesta a un fallo de un tribunal de apelaciones de California, el cual permite que el fiscal general y el comisionado de trabajo del estado continúen con las reclamaciones que alegan que Uber y Lyft deben dinero a los conductores mal clasificados como contratistas independientes en lugar de empleados.
Las empresas han argumentado que la ley federal impide que los estados presenten demandas en nombre de personas que firmaron acuerdos de arbitraje privado. Esto afecta a más de 60 millones de trabajadores en EE.UU. que aceptan términos de servicio al unirse a servicios de suscripción o registrar productos.
California es uno de varios estados liderados por demócratas que han acusado a Uber y Lyft de privar a los conductores de salario mínimo, pago de horas extra, reembolsos de gastos y otras protecciones al clasificarlos como contratistas independientes. Las leyes laborales sobre salarios y horas extras generalmente solo se aplican a empleados, lo que reduce los costos de contratación para las empresas que contratan contratistas.
En respuesta a las demandas, Uber, Lyft y otras empresas de servicios basados en aplicaciones han defendido la clasificación de sus conductores como «trabajadores independientes», argumentando que muchos conductores prefieren la flexibilidad que ofrece este modelo de trabajo.
En junio, Uber y Lyft acordaron adoptar un estándar de salario mínimo de $32.50 por hora para los conductores de Massachusetts y pagar $175 millones para resolver una demanda que alegaba un maltrato a los conductores como contratistas independientes. Además, en julio, la Corte Suprema de California confirmó una medida apoyada por las empresas que permite clasificar a los trabajadores de aplicaciones como contratistas a cambio de ciertos beneficios.
