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La Universidad de Harvard obtuvo una importante victoria legal al conseguir una orden judicial temporal que bloquea la polémica decisión del gobierno de Donald Trump de prohibir la inscripción de estudiantes internacionales. Esta medida representa un punto de inflexión en un conflicto que pone en juego el futuro de la educación superior en Estados Unidos y el estatus legal de miles de estudiantes.
El juez federal Allison Burroughs dictaminó este viernes que el Departamento de Seguridad Nacional no puede hacer cumplir la orden ejecutiva, emitida apenas un día antes, debido al “daño inmediato e irreparable” que podría causar a Harvard. Esta decisión llegó solo horas después de que la universidad presentara una demanda contra el gobierno federal.
El trasfondo del conflicto
El gobierno de Trump justificó su decisión alegando problemas de antisemitismo en el campus y falta de supervisión en la admisión de estudiantes extranjeros. Harvard, por su parte, acusó a la administración de excederse en sus funciones legales y de tomar represalias políticas contra instituciones académicas críticas con su gestión.
“Condenamos esta acción ilegal e injustificada”, declaró el presidente de Harvard, Alan Garber. “Pone en riesgo el futuro de miles de estudiantes y académicos, no solo en Harvard, sino en universidades de todo el país.”
Actualmente, cerca del 27% del alumnado de Harvard está compuesto por estudiantes internacionales, lo que equivale a casi 6.800 personas. La suspensión de esta medida evita que la universidad pierda abruptamente una cuarta parte de su comunidad académica.
Una orden que paralizó a la academia
El decreto del gobierno no solo retiró a Harvard la certificación necesaria para aceptar estudiantes extranjeros bajo el programa de visas F-1 y J-1, sino que dejó a miles de alumnos actuales y admitidos en una situación de incertidumbre legal y migratoria.
Además de impedir nuevas admisiones, también amenazaba con invalidar la estadía legal de los estudiantes actuales y sus dependientes, provocando un caos en programas académicos, laboratorios de investigación, clínicas y cursos que dependen del aporte de estos estudiantes.
Reacciones y repercusiones
Desde la Casa Blanca, una portavoz calificó la demanda de Harvard como una estrategia para “proteger a agitadores antiestadounidenses y proterroristas”, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que las universidades no tienen derecho automático a inscribir estudiantes extranjeros y beneficiarse de sus matrículas más altas.
Por otro lado, el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) expresó su indignación. “MIT no sería lo que es sin sus estudiantes internacionales”, afirmó su presidenta Sally Kornbluth, quien calificó la medida como “devastadora para la excelencia y apertura estadounidense”.
Consecuencias económicas y académicas
La medida podría tener un efecto cascada negativo en toda la educación superior estadounidense. Más de un millón de estudiantes internacionales asisten a universidades en EE. UU., aportando miles de millones en matrículas completas. Incluso universidades en el extranjero, como la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, ya están ofreciendo “invitaciones abiertas” a estudiantes afectados.
Trump también ha amenazado con eliminar el estatus de exención fiscal de Harvard y congeló más de 2.600 millones de dólares en fondos federales. Aunque la universidad cuenta con un enorme fondo de dotación de 53 mil millones de dólares, gran parte de estos recursos están legalmente restringidos.
Lo que viene
El caso continuará el próximo 29 de mayo, fecha en la que se evaluará una posible orden judicial permanente. El resultado podría sentar un precedente clave para otras instituciones educativas y para el futuro de las políticas migratorias relacionadas con la educación.
Harvard, mientras tanto, continúa su batalla no solo por sus estudiantes, sino por lo que considera un ataque directo a la libertad académica y la autonomía universitaria.
