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En medio de crecientes señalamientos sobre el destino de importantes obras de arte mexicano, la bancada del PRI en el Senado ha lanzado un fuerte llamado a la acción. A través de un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, los senadores han solicitado a la Secretaría de Cultura y al Banco de México (Banxico) que investiguen de manera urgente y conforme a derecho la posible desaparición de varias piezas de la reconocida artista Frida Kahlo.
La preocupación de los legisladores surge a raíz de las denuncias públicas realizadas por la promotora cultural Hilda Trujillo, exdirectora de la Casa Azul y del Museo Diego Rivera, quienes han sido custodios de valiosas obras desde hace décadas. Según Trujillo, varias obras que estaban inventariadas bajo resguardo oficial han sido sustraídas sin autorización y han reaparecido en colecciones privadas o casas de subasta internacionales.
Obras desaparecidas: una pérdida para el patrimonio nacional
De acuerdo con las declaraciones de Trujillo, obras como Frida en llamas, Congreso de los pueblos por la Paz, La Libertad Americana, Mi chata ya no me quiere y otros dibujos sobre papel, han desaparecido sin que se conozcan los procedimientos o fechas en que salieron de los museos. También se ha reportado la desaparición de páginas del diario personal de Frida Kahlo, lo que podría significar una pérdida irreparable de su legado cultural e histórico.
Estas piezas formaban parte de un inventario notarial elaborado por Diego Rivera, el cual estipulaba claramente que no debían salir de su lugar de resguardo bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, las denuncias sugieren que este acuerdo fue vulnerado.
Negaciones y controversia
El Fideicomiso de los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo, que administra las colecciones bajo supervisión de Banxico, negó categóricamente los señalamientos, calificándolos como «infundados y sin sustento documental». A su vez, señalaron que durante la gestión de Trujillo no se presentaron denuncias formales y que su salida del cargo obedeció a presuntas irregularidades administrativas y conflictos de interés.
Por su parte, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) se deslindó de responsabilidad, al indicar que los museos en cuestión están bajo la administración de un fideicomiso privado. Por lo tanto, cualquier intervención debe ser solicitada formalmente a través de los canales institucionales correspondientes.
Llamado al cumplimiento de la ley
Los senadores del PRI recordaron que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece penas de prisión y sanciones económicas para quienes se apropien indebidamente de monumentos artísticos o los exporten sin autorización. En caso de que estos delitos hayan sido cometidos por funcionarios públicos, también podrían enfrentarse a consecuencias administrativas.
Asimismo, subrayaron que estos delitos son perseguibles de oficio y que el Estado mexicano tiene la responsabilidad de proteger y conservar el patrimonio cultural del país.
Una batalla por la memoria cultural
Este caso se suma a una serie de preocupaciones sobre el estado de resguardo de las obras de arte de Frida Kahlo y Diego Rivera, dos de los más importantes referentes del arte mexicano del siglo XX. La controversia no solo apunta a irregularidades administrativas, sino a un debate más profundo sobre la responsabilidad del Estado y las instituciones culturales en la conservación del patrimonio nacional.
Mientras tanto, la ciudadanía y el sector cultural permanecen atentos al desenlace de esta situación, esperando que se aclare el paradero de las piezas y se garantice la integridad de uno de los legados artísticos más emblemáticos de México.