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En un nuevo capítulo de la lucha entre grandes corporaciones del sector salud y regulaciones estatales, CVS y Express Scripts han presentado demandas federales contra el estado de Arkansas por una nueva ley que prohíbe a los administradores de beneficios farmacéuticos (PBMs, por sus siglas en inglés) poseer o gestionar farmacias dentro del estado. La norma, firmada por la gobernadora Sarah Huckabee Sanders hace poco más de un mes, es la primera de su tipo en Estados Unidos y ha encendido un fuerte debate sobre el control del mercado de medicamentos.
¿Qué son los PBMs y por qué Arkansas los quiere limitar?
Los PBMs actúan como intermediarios entre aseguradoras, empleadores y farmacias. Su función principal es negociar precios con fabricantes de medicamentos y gestionar la cobertura de recetas para millones de estadounidenses. Sin embargo, críticos —incluyendo legisladores de Arkansas— sostienen que estos actores han adquirido un poder desproporcionado que pone en riesgo a las farmacias independientes, especialmente en zonas rurales.
Según los impulsores de la ley estatal, estas grandes empresas están forzando al cierre a pequeños negocios, lo que limita el acceso a medicamentos en comunidades vulnerables.
Las demandas de CVS y Express Scripts
Ambas compañías han presentado demandas por separado ante un juez federal, solicitando que la ley sea anulada antes de que entre en vigor.
Express Scripts advierte que la legislación podría tener “consecuencias devastadoras”, afectando la operación de farmacias en todo el estado y generando confusión entre los ciudadanos sobre dónde y cómo obtener sus medicamentos. También menciona que se romperían relaciones de años entre pacientes y sus farmacéuticos o enfermeros que realizan visitas a domicilio.
Por su parte, CVS argumenta que la normativa “es un ataque al libre comercio entre estados y a los principios de competencia justa que sustentan la unión”. La empresa advierte que, de aplicarse la ley, se vería obligada a cerrar sus 23 farmacias en Arkansas.
Cabe destacar que CVS había lanzado una campaña televisiva pidiendo a la gobernadora Sanders que vetara la legislación.
La respuesta del gobierno de Arkansas
El fiscal general del estado, Tim Griffin, defendió con firmeza la nueva normativa, acusando a los PBMs de explotar su posición para obtener enormes beneficios a costa de los consumidores.
“Arkansas está enfrentando a los PBMs en nombre de los ciudadanos, y defenderé esta ley con vigor”, afirmó Griffin.
Arkansas no está solo en esta batalla. Otros estados también han comenzado a discutir leyes similares, y un grupo de fiscales generales instó recientemente al Congreso a legislar a nivel nacional sobre esta problemática.
