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México vive una de las etapas más críticas en materia de violencia política, y la tragedia ocurrida este 15 de junio en San Mateo Piñas, Oaxaca, ha vuelto a encender las alarmas. Lilia Gema García Soto, presidenta municipal de esta localidad, fue asesinada a balazos dentro de las instalaciones del Palacio Municipal, en lo que parece haber sido un ataque directo y premeditado.
La noticia fue confirmada por el propio gobernador del estado, Salomón Jara, quien expresó su profunda indignación por el crimen y se comprometió a colaborar estrechamente con la Fiscalía General del Estado para garantizar justicia. “No puede haber impunidad”, dijo en una declaración oficial.
Una ola de violencia contra funcionarios públicos
La muerte de Lilia Gema García no es un hecho aislado. De acuerdo con datos de la organización civil Data Cívica, solo en los primeros cuatro meses del año 2025 se han registrado 136 asesinatos de funcionarios o aspirantes a cargos públicos en México, en un total de 246 ataques documentados. Estos datos reflejan un panorama alarmante para la seguridad de quienes ejercen funciones de gobierno o participan en procesos electorales.
Oaxaca figura entre los estados más afectados, con 17 ataques registrados en lo que va del año, solo por detrás de Sinaloa (25), Guerrero (19) y Veracruz (18). En este contexto, la ejecución de Lilia Gema García representa una nueva señal de alerta sobre la debilidad del Estado frente a las redes del crimen organizado y la violencia política.
¿Qué se sabe del crimen?
Hasta el momento, la Fiscalía General de Oaxaca ha confirmado que el ataque fue perpetrado con armas de fuego y que otra persona fue asesinada junto con la alcaldesa, aunque su identidad no ha sido revelada oficialmente. Las autoridades han implementado un operativo conjunto entre la Marina, el Ejército y la Secretaría de Seguridad en la región de la costa para garantizar la paz y facilitar las labores de investigación.
El lugar del atentado, el Palacio Municipal de San Mateo Piñas, ha sido resguardado por elementos de seguridad, mientras que se llevan a cabo las diligencias ministeriales y periciales. La Fiscalía se ha comprometido a identificar y detener a los responsables en el menor tiempo posible.
Un México donde ser funcionario es un riesgo
El asesinato de Lilia Gema García pone en evidencia una de las grandes amenazas a la democracia mexicana: el riesgo que enfrentan los servidores públicos en regiones marcadas por la presencia del crimen organizado, la impunidad y la fragilidad institucional. De 2018 a 2025, Data Cívica ha registrado más de dos mil cuatrocientos casos de ataques, amenazas, atentados y asesinatos vinculados a figuras políticas o entidades gubernamentales.
Este tipo de violencia no solo cobra vidas humanas, sino que mina la confianza en el sistema democrático y genera un clima de miedo entre quienes desean servir a sus comunidades.
El caso de Lilia Gema García, una mujer que lideraba su municipio en uno de los estados más complejos del país, no debe quedar impune. Su asesinato debe ser un punto de inflexión para que las autoridades refuercen los mecanismos de protección y justicia, y para que la sociedad mexicana continúe exigiendo que ninguna vida pública esté condenada al peligro por el simple hecho de gobernar.