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El gobierno de México ha dado un paso contundente para proteger a la industria nacional del calzado. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció la entrada en vigor de un decreto presidencial que prohíbe la importación de calzado terminado bajo el formato temporal, una medida que busca poner fin a prácticas que, según el sector, han afectado gravemente su competitividad en los últimos años.
Durante una gira por Celaya, Guanajuato, en el marco de la presentación del Polo de Desarrollo Puerta del Bajío, Ebrard explicó que este esquema de importación temporal —amparado en el programa IMMEX— permitía la entrada de calzado sin pago de IVA ni aranceles, sin que el producto fuera exportado posteriormente. En la práctica, esto generaba que el calzado terminara directamente en tiendas nacionales, compitiendo en condiciones desiguales con la producción local.
La medida responde a una situación alarmante: entre 2019 y 2024, la actividad de la industria del calzado cayó un 12.8%, cifra atribuida en gran parte a estas importaciones. Ahora, con el nuevo decreto, todo calzado terminado que entre al país deberá pagar, como mínimo, un arancel del 25%.
Ebrard fue enfático: «¿Quieres importar? Paga los impuestos. Ya basta y se acabó». Asimismo, adelantó que el siguiente paso será combatir el llamado contrabando técnico, una práctica que consiste en subvaluar productos para evadir impuestos y venderlos más baratos en el mercado interno.
El anuncio llega acompañado de incentivos para impulsar la industria. El Polo de Desarrollo Puerta del Bajío, considerado por el gobierno como el centro logístico más estratégico del país, ofrecerá el más alto nivel de estímulos fiscales a empresas que se instalen ahí, incluso por encima de competidores internacionales.
El subsecretario de Economía, Vidal Llerenas, subrayó que esta política busca proteger industrias tradicionales que forman parte de la identidad económica y cultural de México, como el calzado, frente a prácticas comerciales desleales de países con los que no existen tratados comerciales.
Con esta medida, el gobierno busca no solo equilibrar la competencia, sino también fortalecer la producción nacional, generar empleos y asegurar que México conserve un sector zapatero competitivo en el escenario global.