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La ambiciosa reforma fiscal del presidente Donald Trump, bautizada por él mismo como el “One Big Beautiful Bill Act”, enfrenta ahora una resistencia inesperada: el mercado de bonos. A pesar de haber superado obstáculos políticos en la Cámara de Representantes, incluidos recortes de último minuto y acuerdos con legisladores de estados con altos impuestos, el verdadero juicio podría venir de los inversionistas que financian la creciente deuda pública de Estados Unidos.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años superó nuevamente el 5% esta semana, una señal preocupante para la administración. La venta masiva de deuda estadounidense ha encendido alarmas entre economistas y calificadoras, con Moody’s convirtiéndose en la tercera agencia en degradar la nota crediticia de Estados Unidos. La proyección: una deuda pública que alcanzará el 134% del PIB en una década, frente al 100% actual.
Mientras Trump promete equilibrio fiscal en el futuro cercano, su proyecto actual implica una amplia gama de nuevas exenciones y créditos fiscales para trabajadores por hora, personas mayores y compradores de vehículos. En paralelo, varios senadores republicanos ya han advertido que buscarán suavizar los recortes de gasto propuestos para proteger a ciertos sectores sociales.
El rechazo silencioso del mercado
Los inversionistas, sin embargo, parecen estar diciendo “basta”. La reciente subasta de bonos a 20 años mostró una demanda débil, provocando una subida de los rendimientos. Las acciones también se vieron afectadas, reflejando una creciente preocupación por la sostenibilidad fiscal del país.
John Fath, de BTG Pactual Asset Management, fue tajante: “No hay adultos en la sala. No hay responsabilidad”. Y advirtió que la única manera en que Washington reaccionará será si el mercado impone consecuencias visibles.
En abril, el propio Trump ya había reculado con respecto a los aranceles tras una reacción negativa del mercado de bonos. Entonces, fue su secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien lo convenció de pausar las medidas tras un salto abrupto en los rendimientos. Esta vez, Bessent está en reuniones en Canadá y no ha intervenido públicamente.
El costo de la deuda se dispara
El problema de fondo es claro: cada punto porcentual adicional en los intereses de los bonos del Tesoro incrementa drásticamente el costo de la deuda para el Estado. Con un déficit fiscal superior al 6% del PIB por segundo año consecutivo —algo inaudito fuera de periodos de guerra o recesión—, el margen para nuevos gastos es escaso.
La Oficina Presupuestaria del Congreso estima que, incluso sin la nueva reforma fiscal, el ratio deuda/PIB alcanzará un récord para 2029. Moody’s justificó la rebaja de la calificación afirmando que los fundamentos económicos de Estados Unidos ya no compensan su deterioro fiscal.
¿Una bomba política a futuro?
La votación en la Cámara se logró tras concesiones a legisladores clave. Entre ellas, el aumento del tope de deducción de impuestos estatales y locales de 10,000 a 40,000 dólares para ganar el voto de representantes de Nueva York y California.
Pero esta victoria podría ser efímera. Senadores como John Thune ya han advertido que la versión final del proyecto debe contener recortes significativos y estar alineada con el crecimiento económico. Además, si el Senado no actúa pronto, la presión política podría intensificarse de cara a las elecciones de medio término de 2026.
Newt Gingrich, ex presidente de la Cámara y aliado de Trump, resumió el clima político con claridad: “Si la economía está en auge en 2026, mantendremos la Cámara. Si no, pagaremos las consecuencias”.
Por ahora, el mensaje del mercado es inequívoco: la reforma fiscal de Trump puede ser políticamente atractiva, pero financieramente peligrosa. Y el reloj ya está corriendo.